El panorama de la contratación pública en España está en constante evolución, y con la mirada puesta en 2025, la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) podría traer consigo importantes novedades que afectarán directamente a la clasificación de los contratistas de obras. Anticiparse a estos cambios es crucial para que las empresas mantengan su competitividad y aseguren su acceso a los proyectos públicos.
Aunque la LCSP se actualiza de forma recurrente, el año 2025 podría ser un punto de inflexión con posibles modificaciones dirigidas a:
- Mayor digitalización del proceso: Se prevé una profundización en la tramitación electrónica de los expedientes de clasificación, buscando agilizar los plazos y simplificar la presentación de documentación. Esto implica una mayor exigencia en la adaptación tecnológica de las empresas.
- Integración de criterios de sostenibilidad y responsabilidad social: Es una tendencia clara en la normativa europea y española. Las empresas podrían ver cómo su clasificación se ve influenciada positivamente por la adopción de prácticas de economía circular, reducción de la huella de carbono, y políticas de igualdad y responsabilidad social corporativa.
- Valoración de la innovación y nuevas tecnologías: Se podría otorgar un mayor peso a la capacidad de las empresas para incorporar tecnologías como el BIM (Building Information Modeling), la prefabricación, o soluciones inteligentes en la gestión de obras, como un factor diferenciador en la solvencia técnica.
- Revisión de los umbrales económicos y categorías: Aunque los 500.000 euros para el contrato de obras ordinario son un umbral consolidado, no se descartan ajustes o revisiones en las categorías y subcategorías existentes para adaptarlas a la realidad del mercado y fomentar la participación de más empresas cualificadas.
- Mayor énfasis en la integridad y el buen gobierno: Las medidas para prevenir la corrupción y asegurar la transparencia en la contratación pública podrían endurecerse, afectando a los requisitos de cumplimiento y a la vigilancia sobre la actuación de las empresas.
¿Qué pueden hacer las empresas ante estas posibles novedades?
La clave reside en la proactividad. Es fundamental:
- Mantenerse informado: Estar al tanto de los borradores de leyes, decretos y comunicaciones de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado.
- Invertir en digitalización: Preparar los sistemas internos para una tramitación completamente electrónica.
- Reforzar políticas de sostenibilidad y RSC: Implementar y certificar sistemas de gestión ambiental y de responsabilidad social.
- Promover la innovación: Adoptar nuevas tecnologías y metodologías en los procesos constructivos.
- Asegurar la solvencia y la trazabilidad: Mantener una contabilidad y una gestión de proyectos impecables para facilitar la acreditación de la solvencia.
En nuestra empresa, estamos comprometidos con mantener a nuestros clientes a la vanguardia de estas novedades. Nuestro equipo de expertos está constantemente analizando los cambios legislativos para ofrecerle el asesoramiento más preciso y garantizar que su clasificación se adapte a las exigencias del futuro.
